Reforma a la Ley Electoral en Guatemala

(Comentarios sobre el sistema de partidos políticos en el Dictamen 001-2012 de la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República, lunes 29 de octubre de 2012).

Entonces, ¿cómo? ¿cómo puede Guatemala tener mejores partidos políticos? Fundamentalmente, no indignándonos, sino involucrándonos y cooperando.

Por ello, nuestra cultura democrática también debe madurar. Se empieza por escuchar, pero la Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene un papel crucial en fomentar la participación y defender los intereses de los ciudadanos.

Tener mejores partidos en Guatemala, hoy, requiere que tengan mayor legitimidad y representatividad.

Sí hemos avanzado, hemos avanzado en permitir el sufragio universal y la participación de múltiples propuestas políticas en los eventos electorales. Pero la ley aún permite que las dirigencias partidarias tomen decisiones demasiado discrecionales. Decisiones que, ya sea por intereses personales o de poderes fácticos, visiones benevolentes o egoístas, decisiones que se toman desvinculados de los ciudadanos en quienes recaen sus consecuencias.

La ausencia de esta vinculación con los ciudadanos se observa en las cada vez más frecuentes expresiones de descontento social. Insatisfacción que se origina en las preocupaciones de ciudadanos, preocupaciones que corporaciones municipales, diputados y funcionarios fallaron en recoger, proponer soluciones o construir capacidad para implementarlas antes de ser electos. He ahí por qué no sorprende la escases de proyectos políticos que reciban reconocimiento y apoyo en sus esfuerzos por alcanzar resultados progresivos.

Es decir, mejorar los partidos políticos guatemaltecos requiere dotarles de legitimidad y representatividad. Normativamente, eso implica una Ley Electoral y de Partidos Políticos con disposiciones que vinculen a los ciudadanos con la toma de decisiones partidarias, fomentando así la participación de los ciudadanos y garantizando la defensa de sus intereses.

Es decir: los guatemaltecos necesitamos partidos políticos con democracia interna.

Necesitamos partidos con democracia interna para que las mejores ideas tengan cabida en políticas públicas que atiendan las necesidades de los guatemaltecos. Ideas como las del reconocido guatemalteco Luis Von Ahn sobre “cómo utilizar las pequeñas contribuciones de muchos para el bien común”, que actualmente aplica a la solución de problemas globales.

En las reformas a la Ley Electoral contenidas en el Dictamen 001-2012 hubiera sido posible incorporar disposiciones sobre democracia interna más efectivas.

Por ejemplo, se hubiera podido permitir a un partido político postular candidatos a corporaciones municipales y diputaciones solo en circunscripciones donde se cuenta con organización legal vigente para garantizar que esa decisión es coherente con los intereses locales.

Después podría avanzarse con otros procedimientos que empoderen a los afiliados en la toma de decisiones partidarias para fomentar su participación y defender sus intereses.

Sí reconocemos que el Dictamen 001-2012 contiene avances en la dirección correcta, reflejo de esfuerzos y propuestas que buscan aumentar la legitimidad y representatividad de los partidos políticos. Sin embargo, consideramos que los efectos esperados serán poco perceptibles. Destaco los siguientes comentarios a algunos artículos modificados en el orden que aparecen en la Ley Electoral:

  1. Primero: las modificaciones a los artículos número 19 y 49 aumentan los requisitos mínimos del número de afiliados y organización. Aunque una mayor base social y cobertura de los partidos políticos es deseable, el arraigo ciudadano continuará siendo limitado. Mientras un partido cuente con recursos económicos suficientes para cumplir con los formalismos requeridos, sus dirigentes podrán continuar tomando decisiones desvinculados de los ciudadanos, donde no haya organización legal y donde se carezca de procedimientos institucionales para defender los derechos de los afiliados.
  1. Luego: la modificación al artículo 21 bis aumenta y redistribuye geográfica y funcionalmente el financiamiento público dado a los partidos políticos. Esto es necesario para promover las actividades permanentes de los partidos, como formación y organización. Además, relaja el esfuerzo y compromisos que los partidos deben hacer para adquirir el financiamiento necesario para llevar a cabo dichas funciones. Sin embargo, dado que las dirigencias partidarias respectivas pueden hacer uso de los fondos públicos que le sean asignados sin involucrar a los afiliados, se corre el riesgo de no obtener como resultado afiliados mejor formados o con mayor militancia partidaria.
  1. También: se modifica el artículo 205 para fijar el número de Diputados. Con ello se logra evitar, de manera drástica, que la cantidad de diputados crezca a la misma velocidad que crece la población. Sin embargo, es una decisión coyuntural que puede afectar negativamente la representatividad poblacional del Congreso de la República al agravar la desigualdad del voto en el futuro. Además, la calidad de los diputados no depende de su cantidad. Existen formas alternativas de minimizar el crecimiento del número de Diputados.
  1. Finalmente, la modificación al artículo 212 incluye cuotas para mujeres e indígenas en los listados de postulación para diputados. Indiscutiblemente, dar espacio de participación a personas que pertenecen a grupos sociales subrepresentados es necesario. Sin embargo, la subrepresentación de los intereses de dichos sectores sociales, adicionado al medio ambiente, continuará en la medida que no se promueva la militancia partidaria para abogar por propuestas que atiendan directamente las necesidades específicas de cada grupo.

El Dictamen 001-2012 contiene modificaciones adicionales, pero sus efectos en la legitimidad y representatividad de los partidos políticos son contrarrestados por la ausencia de vínculos efectivos entre los partidos políticos y los ciudadanos.

Por el otro lado, consideramos con preocupación que el Dictamen 001-2012 contiene al menos dos errores que sí deben corregirse.

El primero corresponde a la modificación propuesta del artículo 90, sobre las multas. Ahí se establece que “las multas impuestas a los partidos políticos serán descontadas directamente del financiamiento público”.

Debemos recordar que el objetivo principal del financiamiento público es permitir que los partidos políticos puedan organizar y formar a sus afiliados. Es un error, incluso, es injusto, castigar a los afiliados retirándoles la oportunidad de hacer valer su derechos cívicos y políticos a causa de infracciones hechas por el partido. Especialmente, porque en la actualidad, dada la ausencia de democracia interna, no puede decirse que los afiliados tienen responsabilidad en las decisiones que conllevarían a un partido a cometer infracciones.

Las multas por infringir las normativas deben ser severas, pero, también deben atribuirse adecuadamente al sujeto responsable, no al ciudadano.

El segundo punto que debería corregirse corresponde a las modificaciones propuestas a los artículos 220 y 222 sobre la adquisición con fondos públicos de pautas publicitarias para las campañas de los partidos políticos.

Si bien puede resultar una medida atractiva para buscar: (a) competencia electoral en condiciones de igualdad, (b) efectiva fiscalización de fuentes de financiamiento y (c) evitar que los partidos adquieran compromisos con financistas. Usar fondos públicos para ello no solo no alcanza ninguno de esos objetivos, sino debilita la capacidad del estado para atender otras prioridades. El último punto es especialmente dudoso.

En todo caso, el mecanismo institucional propuesto, sin usar fondos públicos, podría contribuir sustancialmente a hacer las campañas más iguales y transparentes. Sería suficiente dar exclusividad al Tribunal Supremo Electoral para adquirir espacios de propaganda en los medios durante la campaña. Así, los partidos tendrían que reportar sus fuentes de financiamiento para que el Tribunal Supremo Electoral adquiriera los espacios máximos que le corresponden a cada partido.

Como un punto adicional, no queríamos dejar de unirnos a las sugerencias que otros han hecho respecto a la no conveniencia de incorporar las Consultas Populares en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Consideramos que no solo puede resultar en efectos indeseados no previstos, sino que plantea desafíos en su implementación tanto técnicos como de compatibilidad jurídica. Sería más apropiado desarrollar una normativa específica para tratar las Consultas Populares.

Agradecemos nuevamente a la Comisión Específica de Asuntos Electorales por abrirnos las puertas y darnos la oportunidad de compartir nuestra pequeña contribución, junto a la de muchos otros, contribución deseamos sea utilizada en función del bien común y resulte en mejores partidos políticos en Guatemala: más legítimos y representativos.

La responsabilidad de la decisión final sobre los contenidos que la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos contenga corresponde a los Diputados. Esperamos que al momento de su discusión en el pleno, deliberen sobre los criterios que les llevaron a tomar su decisión. Así, rindiendo cuentas, representen y defiendan los intereses de la ciudadanía Guatemalteca que les han sido encomendados.

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