Decisiones financiadas

La democracia se encuentra amenazada. Se ha deteriorado la legitimidad de las decisiones políticas, si es que no ha desaparecido completamente. Esto es porque al tomar decisiones, la voluntad común ha sido remplazada por la voluntad de los que financian la decisión. Para agravarlo, quienes financian estas decisiones se esconden cobardemente detrás de los políticos para evitar asumir responsabilidad.

Bien dicen que “el que paga los mariachis pide las canciones”. Así pasa en la política actualmente, quien paga la campaña de los candidatos ganadores pide las contrataciones de obras, puestos en oficinas de gobierno, o prebendas. Esto a costa del bien común que el gobierno debiera promover en la sociedad. Las decisiones debieran ser expresiones de la voluntad e interés colectivo.

¿Cómo enfrentar esta amenaza? ¿Cómo hacer para que se conozca el origen del financiamiento de las campañas políticas?

En primera medida debe haber un marco regulatorio adecuado que indique cual debe ser el comportamiento de los partidos políticos. Ahí se debe definir cuánto pueden gastar los partidos políticos en campaña y cómo deben reportares los gastos. También, es indispensable que exista una institución con la autoridad y capacidad de hacer cumplir la legislación.

Sin embargo, es justamente la capacidad de implementar esta normativa la que presenta desafío. ¿Qué pasa cuando un partido político o candidato actúa en rebeldía? ¿Qué tipo de sanción sería efectiva?

En primera instancia, las sanciones tienden a ser de tipo económico. Es decir, a los partidos que no cumplen con las normativas se les imponen multas a pagar. Pero, si el partido no pagara las multas, la siguiente opción es prohibir la postulación de candidatos. Pero una vez postulados los candidatos, correspondería no permitir que se tomase posesión del cargo adquirido.

Suena lógico, pero existen varios riesgos.

En primer lugar, impedir que un candidato electo por voto popular tome posición sería contradecir la voluntad popular. A pesar de haber excedido el gasto de campaña, seguramente habría muchas discusiones sobre la legitimidad de que tomara posesión un candidato distinto al que los votantes eligieron libremente.

En segundo lugar, existe desconfianza en la arbitrariedad con que la pudiera aplicarse esta sanción. Al partido en poder o al contendiente, le beneficiaría mucho poder eliminar a la competencia jurídicamente. Es decir, se corre el riesgo que la ley se aplicará con la intención de excluir a una facción política.

Entonces, ¿Será peor la enfermedad o la medicina?

Mi opinión es que una manera más efectiva de transparentar el financiamiento de campaña sería regulando a las empresas que proveen servicios a las campañas de los partidos políticos. Me refiero a las empresas que dan servicios de publicidad, espacios en medios de comunicación y actividades de logística. Son estas las que conocen quién paga y cuánto para promover las campañas de los partidos políticos.

Me parece que sería mucho más práctico desincentivar la complicidad de las empresas oscureciendo el origen de los gastos de campaña. Todas las actividades económicas están reguladas, y a las empresas que incumplen lineamientos de seguridad o salud, por ejemplo, son susceptibles de ser multadas o cerradas. Así las fábricas y farmacias se mantienen por lo general dentro de la ley. Lo mismo debería suceder con la publicidad del origen y monto de gastos de campaña dado a las empresas.

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