Ambición preelectoral

En Guatemala, “tener poder” parece ser más importante que saber para qué usarlo. Ganar las elecciones a toda costa se ha convertido en el principal objetivo político de muchos, aunque implique “venderle el alma al diablo”, aunque se carezca de capacidad para gobernar, o aunque solo represente un interés personal. En estas condiciones, la política pierde de vista su responsabilidad: facilitar la toma de decisiones que beneficien a la sociedad.

La ambición ha hecho que los políticos renuncien a las demandas ciudadanas y se sometan a la oscura voluntad de sus financistas. No hay contrapeso que resista la presión para regalar contratos, puestos y privilegios a cambio de los más de 60 mil millones de quetzales invertidos en campaña; un gasto ostentoso que aumenta con cada elección. Aún peor es escuchar se recurra a otras formas de intimidación. A cambio de dinero para ganar una elección se ha silenciado la voz de los ciudadanos.

La ambición ha promovido figuras públicas, pero ha descuidado la planificación y preparación de cuadros. Un gobierno estable y efectivo requiere de objetivos claros, estrategias concretas y personas con capacidad de ejecutarlos. Sin embargo, la campaña solo necesita promesas.

La ambición ha dificultado que la sociedad trabaje en conjunto. En cada elección, más de una docena de candidatos compiten por la presidencia. Empero, sus diferencias programáticas son mínimas, prevalecen las descalificaciones personales y la lucha oportunista por protagonismo. Colaborar, lograr acuerdos o unir esfuerzos dejan de ser una opción para evitar beneficiar al rival o moderar las posiciones propias.

La ambición por ganar las elecciones a toda costa parece dominar la dinámica política en Guatemala. Es quizás la principal causa del deterioro que observamos en la toma de decisiones: arbitrariedad, corrupción y estancamiento. No obstante, mejorar necesitará más que voluntad política.

En primer lugar, el origen de todos los fondos usados por un partido político debe ser público, sin excepción ni excusa. Esto incluye publicidad proselitista o de campaña además de gastos de organización y formación.  Incluso, el simple hecho de resistirse a implementar esta disposición es motivo de desconfianza.

Pero las preferencias de la ciudadanía expresadas en el voto son realmente el componente determinante. ¿Se continuará premiando la ambición desmedida?

(Artículo publicado en Prensa Libre el domingo 21 de abril de 2013)

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