Gobierno vs. Sistema de Justicia: racionalizando el duelo

por javierbrolo

Parafraseando a Box (1976), “todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles”; es así dado que los modelos simplifican la realidad lo que requiere dejar fuera consideraciones potencialmente importantes. Justamente el modelo propuesto por Helmke y Staton (2013) puede ser útil para entender el conflicto entre el Gobierno y el Sistema de Justicia. El primero busca implementar una agenda mientras que el segundo mantener su posición y legitimidad. De acuerdo a las expectativas teóricas, ciertos diseños institucionales son proclives a intensificar el conflicto entre los poderes del Estado.

En el modelo hay cuatro actores: el Gobierno, las Cortes, los litigantes y la opinión pública. Como primero paso, el Gobierno intenta implementar una de las políticas contenidas en su agenda. Dicha política impone costos a litigantes que deben solicitar a las cortes su revocación. Las cortes, a su vez, deben decidir si la política del Gobierno debe o no proceder. Según el resultado, el Gobierno puede responder presionando la salida de integrantes de las cortes. Las acciones del Gobierno luego repercuten en el nivel apoyo en la opinión pública. Finalmente, el ciclo inicia de nuevo.

Generalmente, el Gobierno no puede implementar su política ideal, si no la más cercana posible. Para ello incurre en los costos de llevarla a la práctica; además, puede potencialmente sufrir costos adicionales si la política es revocada por las Cortes, si presiona por la salida de las Cortes y si la opinión pública no le es favorable. Los litigantes a quienes la política gubernamental impone un costo se benefician de su rechazo. Por su lado, las Cortes se benefician de mantener su puesto y prestigio. Las Cortes pueden ser de tres tipos: a favor del Gobierno, limitadas, o expansivas. Aquellas a favor del Gobierno no incurren en costos si se implementa la política en juego, mientras que las limitadas y expansivas sí incurren en costos. Las diferencia entre los dos últimos tipos de Cortes es su disposición a arriesgar el beneficio del puesto y prestigio para evitar los costos de implementar la política del Gobierno. Esta dinámica sucede bajo incertidumbre dado que no se conoce con certeza el tipo de Corte y la reacción de la opinión pública.

Dado este escenario, Helmke y Staton (2013) demuestran que existe un equilibrio cuando cada actor usa las siguientes estrategias. El Gobierno busca implementar su política y ataca a las Cortes si es rechazada. El primer litigante solicita la revocación de la política. El segundo litigante usa información del ciclo anterior; solicita la revocación de una segunda política si la Corte rechazó la política anterior y sobrevivió, de lo contrario no solicita revocación. Una Corte a favor del Gobierno o limitada no rechaza ninguna de las políticas, mientras que una Corte expansiva rechaza todas las políticas (sobre el tema disputado). La lógica de este equilibrio radica en que aquel actor que actuase de otra forma incurriría en costos adicionales.

Este modelo identifica dos condiciones (inciertas) para conflicto institucional: (1) la probabilidad que las Cortes sean de tipo expansivo, y (2) la probabilidad del rechazo público. Mientras más alta se la probabilidad que las Cortes son expansivas, es decir que estén en contra de la política del Gobierno y dispuestas a arriesgar el puesto y prestigio, menos probabilidad de rechazo público es necesario para el conflicto institucional. De igual manera a la inversa, mientras más alta la probabilidad de un rechazo público, se requiere menos probabilidad de que las Cortes sean expansivas para que suceda conflicto. Claro, si ambas condiciones se cumplen con alta probabilidad, el conflicto es inminente y el Gobierno buscaría presionar por la salida de las cortes desde un principio o no implementar su agenda. También, si las Cortes son partidarias, ningún nivel de rechazo público sería suficiente para un conflicto institucional originado sobre políticas.

La consecuencia de este modelo es que las Cortes se encuentran entre el dilema de ser pasivos o ser agresivos. En el primer caso se arriesga perder relevancia y legitimidad, en el segundo, perder el puesto y la capacidad de influir.

Normalmente se considera que aumentar los plazos de jueces, su ámbito de acción y salarios es suficiente para garantizarles independencia de la necesidad de apoyo partidario. Sin embargo, estas medidas pueden también tener efectos contraproducentes. Por un lado, incrementan el valor del puesto, incentivando la complacencia para mantenerlo. Por el otro, incrementan el valor de influencia, incentivando el rechazo de políticas aún con poco apoyo de la opinión pública.

Una alternativa es incrementar los costos al Gobierno para remover cargos. Por ejemplo, tener que negociarlos con minorías en las comisiones de postulación, o Congreso. Sin embargo, esto puede ser utilizado por una oposición política para impedir la implementación de políticas, paralizando al Gobierno.

Este modelo parece encajar con la situación actual de Guatemala. Políticamente, los sistemas de justicia permiten hacer creíble el compromiso del Gobierno a no extralimitarse en sus funciones. De igual manera que un Banco Central hace creíble que el Gobierno no utilizará la política monetaria para fines de campaña. Sin embargo, también son utilizados como salvaguarda para evitar extralimitaciones de futuros gobiernos en caso de perder apoyo electoral. Los bajos costos para incidir indirectamente en la permanencia de las Cortes genera incentivos para hacerlo aún si existen altas probabilidades de un rechazo público. De esa manera también se reducen los incentivos para que litigantes soliciten rechazo a políticas. En estas condiciones es enormemente difícil construir la legitimidad del Sistema de Justicia y sin ella es enormemente costoso implementar un Estado de Derecho sobre las leyes informales.

 

Referencias

George E. P. Box (1976) Science and Statistics Journal of the American Statistical Association, Vol. 71, No. 356. (Dec., 1976), pp. 791-799.

Helmke, G., and J. K. Staton (2011). “The Puzzling Judicial Politics of Latin America: A Theory of Litigation, Judicial Decisions, and Interbranch Conflict.” In G. Helmke and J. Ríos- Figueroa (eds.), Courts in Latin America, pp. 306-31. New York: Cambridge University Press.

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