Reformas (electorales) atascadas*

De golpe, la crisis política conmocionó a Guatemala. El caso de La Línea ha puesto en evidencia cómo los dirigentes políticos designan personas deshonestas a cargos públicos; cómo abusan de su autoridad para negociar a quién dejan evadir la ley; cómo se enriquecen y devuelven favores a financistas con contratos; cómo compran lealtades con plazas; y cómo algunos jueces son cómplices de su impunidad. 

Las investigaciones de CICIG y el MP contribuyen a enfrentar parte del problema de corrupción: la falta de capacidad para aplicar las leyes vigentes. Sin embargo, las otras partes del problema son deficiencias en esas mismas leyes: Ley Electoral y de Partidos Políticos; Ley de Contrataciones del Estado; leyes de servicio civil; Ley de Comisiones de Postulación; Ley de la Carrera Judicial; y artículos en materia de justicia de la Constitución Política de la República.

 

Respecto a la Ley Electoral, la propuesta de reforma del TSE (iniciativa 4974) atiende las principales deficiencias de la ley, considerando un amplio consenso social. Primero, corrige dos causas de fondo de la corrupción: exige la fiscalización del financiamiento y restringe la arbitrariedad en las decisiones partidarias. Segundo, amplía la participación de mujeres, indígenas y actores locales. Tercero, integra el interés ciudadano de limitar la reelección y el transfuguismo, además de vincular el voto nulo.

 

Sin embargo, la propuesta de reforma del TSE se encuentra atascada. Por un lado, existe riesgo de que desde el Congreso se deseche el consenso social y, en cambio, el sistema de partidos se termine de convertir en un “cartel”, según el concepto de Kazt y Mair (1995). Es decir, que pocos dirigentes partidarios concentren todo el poder para eliminar injustamente la competencia y facilitar la extracción de recursos del Estado. Aprobar la reforma requiere diputados y bancadas aliadas, especialmente de partidos mayoritarios como Lider, PP y UNE, que sumarían 109 votos.

 

Por otro lado, existe riesgo de que el consenso social se disuelva o torne agresivo. Para algunos grupos, la propuesta del TSE debe entrar en vigencia inmediatamente, para otros, debe discutirse más tiempo. Debido a sus diferencias, a algunos grupos sociales les atrae la idea de separarse del consenso para negociar bilateralmente sus intereses particulares con el Congreso. Sin embargo, actuar aislados solo da ventaja al Congreso para imponer su agenda. Igualmente peligroso es que la impaciencia torne a algunos grupos violentos. Sin embargo, un acto atropellado es la excusa perfecta para condenar la demanda social como ilegítima.

 

Implementar las reformas requiere que la sociedad actúe de forma estratégica y los políticos de forma responsable. La sociedad debe continuar unida, pacífica y consciente de su actuación, mientras los políticos deben reconocer sus excesos y autolimitarse.
*Articulo publicado inicialmente como columna de opinión en elPeridico: http://m.elperiodico.com.gt/2015/07/15/opinion/reformas-atascadas/

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