Acercando a los partidos políticos con los ciuddanos

La presente entrada del blog corresponde a la introducción del capítulo: Brolo, J. (2015). Acercando a los partidos políticos con los ciudadanos. In P. Hurtado (Ed.), Guatemala Camina (pp. 1–26). Guatemala: ASIES.

Introducción

La principal responsabilidad de los partidos políticos es intermediar entre los ciudadanos y el gobierno. Esto implica que los partidos deben vincularse con los ciudadanos para escuchar sus diversas necesidades, unificarlas en políticas públicas coherentes, y luego reclutar liderazgos para dar a conocer dichas políticas o implementarlas desde el gobierno.

Sin embargo, en Guatemala, el vínculo entre ciudadanos y partidos se encuentra roto o pervertido. La falta de legitimidad de los partidos hace que corran el riesgo de perder su derecho a postular candidatos y tomar decisiones en representación de los ciudadanos. Por otro lado, sin partidos, los ciudadanos corren el riesgo de perder un intermediador fiscalizable y ser aún más vulnerables a la manipulación de los individuos con más recursos para promoverse en elecciones.

Esta propuesta busca contribuir a mejorar la relación entre partidos y ciudadanos. Los contenidos se ordenan de la siguiente forma. Primero, se presenta un breve contexto de la normativa electoral en Guatemala. Segundo, se muestra que el distanciamiento entre partidos y ciudadanos se debe principalmente a que, la mayoría de veces, la organización de los partidos se rige por reglas que no están escritas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP (Decreto 1-85). Esto porque la legislación permite que 6 personas designen de forma discrecional hasta el 85% de los candidatos de un partido.

Tercero, se analizan las dinámicas dentro de la organización de los partidos, enfatizando la necesidad de identificar reglas no escritas en la LEPP. De esta manera se identifican oportunidades para escribir reglas –en la LEPP o en los estatutos de los partidos– que mejoren la relación entre partidos y ciudadanos, eviten el clientelismo y la influencia de financistas. A la vez que estas se adecúan a las necesidades particulares de los partidos, de los ciudadanos y de las diferencias de género. Cuarto, se presenta un resumen con las principales propuestas. Y quinto, se ofrece una estrategia para su implementación.

Es raro que un partido admita que, en esa mayoría de situaciones donde la LEPP permite discrecionalidad al Comité Ejecutivo Nacional, su organización no sea democrática. Sin embargo, como argumenta Cross (2013), los partidos se resisten a ampliar el alcance de las reglas de la LEPP porque eso alteraría la distribución de poder entre los integrantes del partido. Asimismo, los partidos necesitan de reglas flexibles y ajustadas a sus propias necesidades para reclutar activistas, recaudar fondos y realizar campañas electorales sin perder unidad, eficiencia y conectividad entre los miembros de su organización. No obstante, es alto el riesgo de que la discrecionalidad de los partidos resulte en la aplicación de reglas que excluyen a los ciudadanos.

Por ello, para acercar a los partidos y a los ciudadanos, se proponen tres tipos de acciones. Primero, se deben adoptar las siguientes reglas en la LEPP: (a) el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe publicar de oficio los estatutos y datos de organización de todos los partidos; (b) los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos no deben postular candidatos donde el partido no cuenta con organización inscrita; y (c) todos los órganos partidarios deben elegir autoridades y candidatos por medio del voto secreto de la mayoría de sus integrantes. Segundo, los partidos deben escribir en sus estatutos las reglas que rigen su organización donde la LEPP no aplica. Tercero, la academia debe investigar la existencia, origen, evolución, efectos y diseminación de las reglas no escritas que rigen la organización de los partidos además de asesorar a los partidos en la innovación de reglas propias.

Para implementar la propuesta se requieren compromisos de diversos actores. Primero, las organizaciones deben alcanzar consensos sobre cómo reformar la LEPP y exigir al Congreso de la República hacerlo en los términos acordados. Segundo, el TSE o la Corte de Constitucionalidad deben desarrollar interpretaciones de la LEPP para reglamentarla. Tercero, los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de reglamentar explícitamente su organización interna. Y cuarto, la academia debe conducir investigaciones sobre la organización partidaria y asesorar a los partidos de forma individual.

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Figura 1. Organización mínima de un partido político en Guatemala.