Investigando Política en Guatemala

Por Javier Brolo

Categoría: Política

Los diputados más probables a reelegirse en la legislatura 2016-2020

De los 165 diputados que han ocupado una curul en el periodo 2012-2016, 119 buscan reelegirse (aunque solo hay 158 diputados en un momento determinado, 7 diputados han entrado en sustitución de alguno de los vigentes por distintas razones). A partir de la casilla que ocupan en el listado y el tamaño del distrito, es posible estimar qué candidatos tienen mayor o menor probabilidad de reelegirse en base a intuiciones sobre la fuerza electoral percibida de los distintos partidos.

Por ejemplo, en un distrito que elige 9 diputados como Alta Verapaz, es razonable creer que cinco partidos obtendrán representación. De estos el partido con más votos recibirá 3 curules, el segundo lugar entre 2 y 3, el tercero entre 2, el cuarto entre 1 y 2, y el quinto 1, si la elección es reñida. Esta expectativa surge de regularidades observadas en la fragmentación y proporcionalidad del sistema electoral y de partidos políticos en Guatemala. Mientras más pequeño el distrito, menos partidos reciben representación, y vice versa.

La probabilidad de reelección de un diputado, entonces, es resultado de qué tan creíble es que el partido obtenga la proporción de votos requerida para recibir la proporción de curules a modo que que la casilla por la que el diputado participa sea adjudicada. Es decir, si un candidato es postulado por un partido dominante en la casilla 1 de un distrito de 9, su reelección esta prácticamente asegurada porque el partido solo debe estar entre los 4 partidos con mayor número de votos. Por otro lado, si dicho candidato es postulado en la casilla 4, la probabilidad no es nula pero si muy baja. Sin embargo, no importa la popularidad del partido, si el candidato es postulado en la casilla 6, no tienen ninguna probabilidad de reelegirse.

 

Realizando este ejercicio especulativo para todos los candidatos que buscan reelegirse, obtuve los resultados mostrados en la Tabla 1: aproximadamente 42 diputados tendrían una reelección asegurada.

Tabla 1. Numero de diputados según partido que los postula y probabilidad de reelegirse.

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Incluyo en la Tabla 2 el listado de los 42 diputados con probabilidad segura de elegirse de acuerdo a esta estimación.

Tabla 2. Listado de diputados con probabilidad segura de reelegirse por partido

CREO-UNIONISTA
Chinchilla Guzmán, Oscar Stuardo; Casilla: 1; Guatemala
LIDER
Baldizón Méndez, Salvador Francisco; Casilla: 1; Guatemala
Camey Curup, Leonardo; Casilla: 2; Guatemala
García Silva, Jorge Adolfo De Jesús; Casilla: 3; Guatemala
Arreaga Meza de Cardona, Mirza Judith; Casilla: 1; Huehuetenango
Chávez Pérez, Luis Adolfo; Casilla: 2; Huehuetenango
Chacón Ardón, Byron Juventino; Casilla: 1; Izabal
Sandoval Sandoval, Ricardo Arturo; Casilla: 1; Jalapa
Villate Villatoro, Roberto Ricardo; Casilla: 1; Lista Nacional
Rabbe Tejada, Luis Armando; Casilla: 2; Lista Nacional
Martínez Lohayza, Jaime Antonio; Casilla: 3; Lista Nacional
Corleto Rivera, Oscar Rolando; Casilla: 4; Lista Nacional
Back Alvarado de Monte, Delia Emilda; Casilla: 5; Lista Nacional
Medrano Osorio, Gustavo Arnoldo; Casilla: 6; Lista Nacional
Tesucun Tesucun, Julián; Casilla: 1; Petén
Xicay Poz, Julio César; Casilla: 1; Quetzaltenango
Samayoa Barrios, Nery Orlando; Casilla: 2; Quetzaltenango
Rivera Cabrera, Mario Israel; Casilla: 1; Quiché
Berreondo Zavala, Dalio José; Casilla: 2; Quiché
Beltrán López, Alicia Dolores; Casilla: 1; Retalhuleu
Celis Navas, Sergio Leonel; Casilla: 1; Sacatepéquez
Maldonado Echeverría, Julia Marine; Casilla: 1; San Marcos
Longo Maldonado, Julio César; Casilla: 3; San Marcos
Castillo Martínez, José Ines; Casilla: 1; Santa Rosa
Tambriz Y Tambriz, Francisco; Casilla: 1; Sololá
Figueroa Resen, Mirma Magnolia; Casilla: 2; Suchitepequez
Chun Chanchavac, Juan Armando; Casilla: 1; Totonicapán
PP
Rivera Estrada, Gudy; Casilla: 1; Guatemala
Rivera Romero de Paniagua, Delia Karina; Casilla: 1; Quetzaltenango
Orozco Arriola, Marco Antonio; Casilla: 1; San Marcos
TODOS
Boussinot Nuila, Christian Jacques; Casilla: 1; Guatemala
Alejos Lorenzana, Felipe; Casilla: 1; Lista nacional
UCN
Salguero y Salguero, Aníbal Augusto; Casilla: 1; Jutiapa
UNE
Flores Divas, Jairo Joaquín; Casilla: 1; Guatemala
Nájera Sagastume, Carlos Santiago; Casilla: 1; Jutiapa
Taracena Díaz-Sol, Mario; Casilla: 1; Lista Nacional
Blanco Lapola, Orlando Joaquín; Casilla: 2; Lista Nacional
Barreda Taracena, Carlos Alberto; Casilla: 3; Lista Nacional
Fajardo Morales, César Emilio; Casilla: 4; Lista Nacional
López Girón, Carlos Enrique; Casilla: 1; Quiché
Castañón Fuentes, Rodolfo Moisés; Casilla: 2; San Marcos
Reyes Rosales, Augusto César Sandino; Casilla: 1; Suchitepéquez

 

También, incluyo el archivo con los datos utilizados en caso alguien quisiera replicar el ejercicio de acuerdo a sus propias intuiciones: “Reelección de Diputados al Congreso 2016-2020“. Será muy interesante comparar las diferencias en los resultados.

 

 

 

 

Acercando a los partidos políticos con los ciuddanos

La presente entrada del blog corresponde a la introducción del capítulo: Brolo, J. (2015). Acercando a los partidos políticos con los ciudadanos. In P. Hurtado (Ed.), Guatemala Camina (pp. 1–26). Guatemala: ASIES.

Introducción

La principal responsabilidad de los partidos políticos es intermediar entre los ciudadanos y el gobierno. Esto implica que los partidos deben vincularse con los ciudadanos para escuchar sus diversas necesidades, unificarlas en políticas públicas coherentes, y luego reclutar liderazgos para dar a conocer dichas políticas o implementarlas desde el gobierno.

Sin embargo, en Guatemala, el vínculo entre ciudadanos y partidos se encuentra roto o pervertido. La falta de legitimidad de los partidos hace que corran el riesgo de perder su derecho a postular candidatos y tomar decisiones en representación de los ciudadanos. Por otro lado, sin partidos, los ciudadanos corren el riesgo de perder un intermediador fiscalizable y ser aún más vulnerables a la manipulación de los individuos con más recursos para promoverse en elecciones.

Esta propuesta busca contribuir a mejorar la relación entre partidos y ciudadanos. Los contenidos se ordenan de la siguiente forma. Primero, se presenta un breve contexto de la normativa electoral en Guatemala. Segundo, se muestra que el distanciamiento entre partidos y ciudadanos se debe principalmente a que, la mayoría de veces, la organización de los partidos se rige por reglas que no están escritas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP (Decreto 1-85). Esto porque la legislación permite que 6 personas designen de forma discrecional hasta el 85% de los candidatos de un partido.

Tercero, se analizan las dinámicas dentro de la organización de los partidos, enfatizando la necesidad de identificar reglas no escritas en la LEPP. De esta manera se identifican oportunidades para escribir reglas –en la LEPP o en los estatutos de los partidos– que mejoren la relación entre partidos y ciudadanos, eviten el clientelismo y la influencia de financistas. A la vez que estas se adecúan a las necesidades particulares de los partidos, de los ciudadanos y de las diferencias de género. Cuarto, se presenta un resumen con las principales propuestas. Y quinto, se ofrece una estrategia para su implementación.

Es raro que un partido admita que, en esa mayoría de situaciones donde la LEPP permite discrecionalidad al Comité Ejecutivo Nacional, su organización no sea democrática. Sin embargo, como argumenta Cross (2013), los partidos se resisten a ampliar el alcance de las reglas de la LEPP porque eso alteraría la distribución de poder entre los integrantes del partido. Asimismo, los partidos necesitan de reglas flexibles y ajustadas a sus propias necesidades para reclutar activistas, recaudar fondos y realizar campañas electorales sin perder unidad, eficiencia y conectividad entre los miembros de su organización. No obstante, es alto el riesgo de que la discrecionalidad de los partidos resulte en la aplicación de reglas que excluyen a los ciudadanos.

Por ello, para acercar a los partidos y a los ciudadanos, se proponen tres tipos de acciones. Primero, se deben adoptar las siguientes reglas en la LEPP: (a) el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe publicar de oficio los estatutos y datos de organización de todos los partidos; (b) los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos no deben postular candidatos donde el partido no cuenta con organización inscrita; y (c) todos los órganos partidarios deben elegir autoridades y candidatos por medio del voto secreto de la mayoría de sus integrantes. Segundo, los partidos deben escribir en sus estatutos las reglas que rigen su organización donde la LEPP no aplica. Tercero, la academia debe investigar la existencia, origen, evolución, efectos y diseminación de las reglas no escritas que rigen la organización de los partidos además de asesorar a los partidos en la innovación de reglas propias.

Para implementar la propuesta se requieren compromisos de diversos actores. Primero, las organizaciones deben alcanzar consensos sobre cómo reformar la LEPP y exigir al Congreso de la República hacerlo en los términos acordados. Segundo, el TSE o la Corte de Constitucionalidad deben desarrollar interpretaciones de la LEPP para reglamentarla. Tercero, los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de reglamentar explícitamente su organización interna. Y cuarto, la academia debe conducir investigaciones sobre la organización partidaria y asesorar a los partidos de forma individual.

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Figura 1. Organización mínima de un partido político en Guatemala.

Propuesta a los manifestantes: cómo reducir la corrupción en el Congreso

Los ciudadanos guatemaltecos están cansados de la corrupción de los políticos y han perdido el miedo de salir a manifestarse. Sin embargo, para eliminar la corrupción, sus acciones deben ir más allá de las demostraciones en espacios públicos. Por ello propongo el siguiente plan de acción que los manifestantes pueden seguir para reducir la corrupción en el Congreso.

El objetivo es lograr que el Estado no gaste los más de Q.40,000,000.00 que cuesta el salario de los 31 diputados por Lista Nacional durante sus cuatro años. Además, se busca evitar que el Estado pierda los incontables recursos que dichos diputados pudieran malgastar.

La estrategia consiste en que uno de los partidos vigentes postule únicamente un diputado a Lista Nacional, y ningún otro más. De esta manera, todos los curules que el partido obtenga quedarían vacíos según el artículo 204 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP, Decreto 1-85). Este partido estaría integrado con los ciudadanos que han salido a manifestar bajo el eslogan: “vota para vaciar el Congreso”.

Existen dos partidos vigentes al 17 de marzo de 2015 que podrían implementar la propuesta ya que no iban a participar en las elecciones. El primero es el partido CAFÉ, Ciudadanos Activos de Formación electoral, cuyo secretario general es Lcda. Dagma Dinora Cabrera Vargas. El segundo es el partido PSG, Partido Socialdemócrata Guatemalteco, cuyo secretario general es Dr. Carlos Alfonso González Quezada. Los manifestantes pueden solicitar a uno de estos partidos que sea la plataforma para su participación, idealmente mediante sus asambleas.

El primer reto para los manifestantes es conseguir suficientes afiliados a la propuesta. De acuerdo al artículo 19 de la LEPP, necesitan 0.3% del total de empadronados en las elecciones anteriores (7,340,841) que equivale a 22,023 afiliados. Adicionalmente, los manifestantes necesitan organizarse territorialmente según el artículo 49 de la LEPP. Esto implica que en 12 departamentos hayan 4 municipios con 40 afiliados cada uno, mas 1 departamento con 2 municipios de 40 afiliados cada uno. Es decir, del total de afiliados, 2,000 deben distribuirse en 50 municipios y 13 departamentos. Mediante el uso de redes sociales, los manifestantes no deberían presentar dificultades para coordinarse.

La siguiente tarea es inscribir un único candidato a diputado por Lista Nacional antes del cierre de inscripciones el martes 7 de julio. Para ello deben seguir los siguientes pasos. Primero, el miércoles 20 de mayo (un día 13 Ajaw según el calendario maya) el Comité Ejecutivo Nacional del partido que los manifestantes utilicen debe convocar a las asambleas municipales, las asambleas departamentales y la asamblea nacional, las cuáles se deben realizar el viernes 29 de mayo, domingo 31 de mayo y domingo 21 de junio respectivamente. Siguiendo este itinerario, los manifestantes cumplirían con todos los plazos establecidos en la LEPP.

Luego, para cada asamblea municipal, los manifestantes deben reunir un quórum mínimo de 15 personas para elegir a los 9 integrantes del Comité Ejecutivo Municipal, a los 2 delegados a la asamblea departamental y a los dos delegados a la asamblea nacional. Para evitar conflictos, los manifestantes pueden decidir por sorteo quienes ocuparán cada cargo. En todo momento los manifestantes deben recordar y hacer explícito su compromiso de no postular ningún candidato, excepto el candidato único por Lista Nacional.

Si los manifestantes logran implementar la propuesta, la expresión de su inconformidad habrá trascendido para materializarse en acciones concretas para reducir la corrupción. Además, habrán adquirido la capacidad de organizarse para lograr objetivos políticos. Les quedan 10 día para aceptar el reto.

El poder de las ideas radica en abrir la puerta a posibilidades que ni siquiera se sabía existían (Rodrik, 2014). Espero la propuesta ofrezca una alternativa de acción a los manifestantes que contribuya a su objetivo de sanear la política de Guatemala.

Comportamiento legislativo en Guatemala según registros de votación

El presente artículo es una adaptación del publicado en: Brolo, J. (2015). El comportamiento legislativo en Guatemala según registros de votación. Actualidad Política, 9: 18-29. La base de datos utilizada puede descargarse en: Votaciones nominales por Diputado durante la 7a Legislatura de Guatemala.

Por Javier Brolo [1]

El presente documento cumple dos objetivos. En primer lugar, se ofrece una breve introducción a las bases de datos con los registros de votaciones nominales del 7º Congreso de la República de Guatemala desde 1985. En segundo lugar, se presenta un análisis preliminar de los patrones en el comportamiento de los diputados guatemaltecos según votaciones y se sugiere una agenda de investigación de los mismos.

Los registros de votación son de gran utilidad para descubrir e identificar patrones en el comportamiento de los legisladores. Por ejemplo, las votaciones permiten evaluar la disciplina partidaria, reconocer la existencia de alianzas o estimar la coherencia ideológica. Conocer el comportamiento legislativo sirve a los ciudadanos que desean fiscalizar a sus representantes, a los académicos que buscan evidencia para verificar modelos teóricos y a los partidos políticos que necesitan tomar decisiones estratégicas.

Herramientas informáticas como “WNOMINATE” (K. Poole, Lewis, Lo, & Carroll, 2007) han facilitado y extendido el análisis de las votaciones nominales alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos (K. T. Poole, 2005). Sin embargo, son pocos los estudios sistemáticos del comportamiento legislativo en Guatemala entre los cuales destacan estudios elaborados por Javier Fortín (2010) y Gustavo Herrarte (2012).

Quizás la principal dificultad para estudiar las votaciones nominales en Guatemala sea la falta de información en un formato práctico de analizar. Antes de la aprobación del tablero electrónico, en abril del 2011 (Cereser, 2011), era necesario consultar el texto de las actas de sesión para saber cómo votó un diputado. Ahora es posible consultar las votaciones en la página web del Congreso de la República de Guatemala (2015). Sin embargo, no es posible descargar los datos de forma directa para su análisis.

El alto costo de recabar y preparar información ha representado un obstáculo para analizar el comportamiento legislativo y proponer mejoras a su desempeño. Para disminuir esta limitación, el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES ha compilado las bases de datos con los registros de votaciones del 7º Congreso de la República de Guatemala y las ha puesto a disposición del público: “votoscongreso.xlsx”.

Los datos incluyen registros de todas las votaciones desde el 14 de enero del 2012 hasta el 20 de enero del 2015. Estos se obtuvieron mediante el paquete de análisis estadístico R (R Core Team, 2014) utilizado para sistematizar la información disponible en la página web del Congreso.

Una agenda legislativa dominada por el oficialismo

 

Después de contabilizar los registros de votación, puede observarse (ver Figura 1) que los diputados han votado un total de 2114 veces desde el inicio de la legislatura en el 2012, de las cuales 389 veces la votación no se aprobó, 916 veces la votación se aprobó con mayoría simple, y 809 la votación se aprobó con mayoría calificada.

Es importante notar que la mayoría de veces cuando el tema tratado en la votación no se aprobó, éste se refería a los candidatos a magistrados de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo Electoral que no fueron seleccionados. Por consiguiente, se infiere que el control de la agenda legislativa, a cargo del oficialismo, ha sido efectivo. Es decir, los temas que han llegado a discusión del pleno son, casi en su totalidad, aprobados. Por otro lado, el gran número de votaciones aprobadas por mayoría calificada sugiere que la intensidad del control sobre la agenda legislativa ha sido alto, dado que no solo los temas fueron aprobados, sino fueron aprobados con contundencia.

La Figura 2 refuerza la percepción de un control oficialista sobre la agenda, ya que los diputados con mayor porcentaje de votaciones a favor pertenecen al partido PP[2]. Esto implica que, los temas discutidos en el pleno eran los que interesaban aprobar al PP. Asimismo, la Figura 3 muestra que la principal oposición a la agenda legislativa corresponde al partido LIDER.

Figura 1. La mayoría de votaciones en cada sesión fueron aprobadas

Figura 1. La mayoría de votaciones en cada sesión fueron aprobadas

Figura 2. Diputados con mayor porcentaje de votaciones a favor

Figura 2. Diputados con mayor porcentaje
de votaciones a favor

Figura 3. Diputados con mayor porcentaje de  votaciones en contra

Figura 3. Diputados con mayor porcentaje de votaciones en contra

Figura 4. Diputados con mayor porcentaje de ausencias

Figura 4. Diputados con mayor porcentaje de ausencias

Respecto a los diputados con el mayor porcentaje de ausencias, mostrados en la Figura 4, las votaciones por sí solas no son suficientes para interpretar su significado. Existen al menos tres posibles explicaciones. Primero, los diputados a la vez que se ausentan a modo de protesta para manifestar su rechazo, evitan ser objeto de represalia por el grupo que promueve la votación. Segundo, la ausencia es una muestra tácita de apoyo, que permite se tome una decisión e impide el costo político de promover explícitamente la aprobación de una medida. Tercero, la ausencia de los diputados puede deducirse como indiferencia respecto a si una votación se aprueba o no. Es necesario recabar más datos de cada votación para determinar cuál es el motivo predominante.

La base de datos “votoscongreso.xlsx” contiene las descripciones de cada votación para explorar con mayor profundidad las implicaciones de un voto a favor, en contra o ausente e incluye las siguientes variables:

Tabla 1. Variables en la base de datos: descripciones

Variable Descripción 
vote.id Identificación única para cada votación. Consta de dos dígitos: X.Y. X indica el correlativo de la sesión legislativa e Y indica el correlativo de la votación dentro de la sesión.
Ausente El número de diputados ausentes
Favor El número de diputados que votó a favor
SUM El total de diputados
Date La fecha en que inicio de la sesión de la cual forma parte la votación. Tomar nota que algunas sesiones se extendieron por varios días, semanas, e incluso meses después de dar inicio. Por consiguiente la fecha de inicio de la sesión no siempre coincide con la fecha exacta en la que ocurrió la votación.
Asunto Asunto de la votación
Tema Tema de la votación
Subtema Subtema de la votación

La base de datos “votoscongreso.xlsx” también incluye la forma en que los diputados votaron en cada votación y permite indagar sobre su comportamiento individual.

Tabla 2. Variables en la base de datos: votos

Variable Descripción
legis Información abreviada de cada diputado. Incluye primer nombre, primer apellido, distrito y bancada más reciente con la cual votó.
Diputado Apellidos completos de cada diputado seguido de sus nombres completos separados por coma.
Bancada.2.1 Bancada con la que cada diputado votó en la votación número 2.1, correspondiente a la primera votación del 7º Congreso. Las letras NA sirven para señalar aquellos diputados que entraron al Congreso posteriormente, en sustitución de otro diputado.
Bancada.62.64 Bancada con la que cada diputado votó en la votación número 62.64. Esta votación corresponde a la votación más reciente del 7º Congreso. Las letras NA sirven para señalar aquellos diputados que salieron del Congreso.
Distrito Distrito en donde el diputado fue electo.
Voto.2.1 – Voto.62.65 Forma en que cada diputado votó en la respectiva votación: 1 = A Favor; -1 = En Contra; 0 = Ausente. Los nombres de las columnas corresponden a los valores de la identificación única para cada votación (voto.id) de la base de datos “descripciones”.

Los tres grupos de legisladores: (1) PP; (2) LIDER; y (3) UNE/TODOS/CREO

 

Uno de los patrones que puede analizarse a partir de las votaciones nominales es la “ideología” de los diputados. Independientemente de los contenidos programáticos o significados sustantivos de alguna “ideología” particular, una forma aceptada para observar las ideologías se basa en la idea de “constraint” (restricción) planteada por Converse (1964). Para Converse, la ideología es un “sistema de creencias”, el cual pone límites al repertorio de opiniones que una persona tiene sobre diversos temas. Por ejemplo, una persona “conservadora” (Quinton, 2007) tiende a priorizar su seguridad, es escéptica al cambio y valora la tradición. Entonces, es posible observar la ideología conservadora en una persona que consistentemente opina dentro de los límites de ese sistema de creencias; por ejemplo, oponiéndose a la inmigración o condenando la investigación en células madre.

Armstrong et al. (2014) muestran como analizar la “ideología” de los diputados a partir de sus votaciones. De acuerdo a la teoría espacial, las restricciones impuestas por un sistema de creencias pueden representarse geométricamente utilizando dimensiones abstractas. Este modelo asume que cada diputado ocupa una posición ideal en el espacio ideológico. Además, asume que los diputados votan a favor o en contra de un tema en función de acercarse lo más posible a su punto ideal. Esto permite utilizar las votaciones de cada diputado para estimar sus puntos ideales.

Si bien se cuestiona que las ideologías de los diputados guatemaltecos correspondan a una conceptualización teórica explícita (p. ej. conservador, liberal o social demócrata), esto no excluye la posibilidad de que sí cuenten con un sistema de creencias propio que oriente sus decisiones. Las dimensiones abstractas de dichos sistemas de creencias pueden corresponder a diversos criterios políticos, sociales, económicos, étnicos, religiosos, territoriales, estéticos, entre otros. Determinar el contenido programático de los sistemas de creencias de los diputados actuales escapa a los alcances del presente análisis preliminar. Sin embargo, es posible estimar los puntos ideales en el espacio ideológico para cada diputado utilizando todas sus votaciones desde el inicio de la legislatura como lo muestra la Figura 5.

En la Figura 5 se observan tres grupos de legisladores de acuerdo a la posición ideológica que refleja sus votaciones. Por un lado se identifica a los diputados del partido en el gobierno: PP. Este grupo, del cual Juan Porras es representativo, muestra alta disciplina partidaria, ya que la concentración de puntos indica que los diputados votan de forma similar para acercarse a un punto ideal en común. Por otro lado se encuentran los diputados del partido LIDER. Este grupo, identificado con Roberto Villate, comparte su distancia con el PP; sin embargo, se dispersan respecto a la segunda dimensión. Finalmente, existe otro grupo de diputados pertenecientes a distintas bancadas quienes en unas ocasiones votan con el oficialismo y en otras ocasiones con la oposición, sin compartir un punto ideal entre sí.

Figura 5. Coordenadas en el espacio ideológico: puntos ideales estimados para cada diputado del 7º Congreso de la República de Guatemala

Figura 5. Coordenadas en el espacio ideológico: puntos ideales estimados para cada diputado del 7º Congreso de la República de Guatemala

Conocer el comportamiento legislativo abre la puerta a numerosas discusiones sobre sus implicaciones. Por ejemplo, si el oficialismo controla la agenda legislativa, aún sin contar con mayoría por sí mismo, puede hacer concesiones para la aprobación de propuestas de interés a uno de los otros dos grupos. También, el gráfico muestra que es bastante probable que el PP vote “en bloque”, lo cual hace predecibles sus votaciones, mientras que las otras bancadas no han mostrado comportarse como bloque con la misma consistencia.

Sin duda existe un sinnúmero de interrogantes que este análisis preliminar no resuelve. Precisamente, el propósito de poner los datos a disposición del público es el de facilitar información que contribuya a transparentar la labor legislativa.

Como una propuesta de agenda de investigación se sugieren las siguientes inquietudes: ¿Qué tipos de votación generan la mayor polarización y por qué? ¿Qué votaciones delimitan las fronteras de cada posición ideológica: aquellas relacionadas al control de la agenda, a la distribución de recursos, a la elección de órganos de control, a las prerrogativas de actores de poder, al diseño institucional, u otros? ¿Hay diferencia entre el comportamiento de algunos diputados distintivos como los jefes de bancada, de la junta directiva, del listado nacional, u otro? ¿Por qué sucede el transfuguismo? ¿Existen redes de influencia en el Congreso y qué diputados las controlan? Responder estas inquietudes ofrece la posibilidad de ir deduciendo cada vez mayor responsabilidad de la participación que cada diputado tiene en los procesos legislativos.

Referencias

 

Armstrong II, D. A., Bakker, R., Carroll, R., Hare, C., Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2014). Analyzing Spatial Models of Choice and Judgment with R. Boca Raton, FL: CRC Press.

Cereser, L. (2011, April 6). Congreso aprueba el voto electrónico. Prensa Libre. Guatemala. Retrieved from http://www.prensalibre.com/noticias/Congreso-aprueba-voto-electronico_0_457754241.html

Congreso de la República de Guatemala. (2015). Consulta de eventos de votación. Retrieved from http://stats.congreso.gob.gt/hemiciclo/graphs/v_container.asp

Converse, P. E. (1964). The Nature of Belief Systems in Mass Publics. In D. E. Apter (Ed.), Ideology and Discontent (pp. 206–262). New York: The Free Press of Glencoe.

Fortin, J. (2010). Transfuguismo parlamentario en Guatemala: Un caso de altos costos de asociación, monopolio partidario y bajos costos de transacción. América Latina Hoy, 54, 141–166.

Herrarte, G. (2012, September 4). El voto indígena en el Congreso en el 13 B’ak’tun: ¿un nuevo inicio o más de lo mismo? Guatemala. Retrieved from http://www.plazapublica.com.gt/content/el-voto-indigena-en-el-congreso-en-el-13-baktun-un-nuevo-inicio-o-mas-de-lo-mismo

Poole, K., Lewis, J., Lo, J., & Carroll, R. (2007). Scaling Roll Call Votes with wnominate in R. Journal Of Statistical Software, 22(1), 1–23.

Poole, K. T. (2005). Spatial Models of Parliamentary Voting. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Quinton, A. (2007). Conservatism. In R. E. Goodin, P. Pettit, & T. Pogge (Eds.), A Companion to Contemporary Political Philosophy (2nd ed., pp. 285–311). Oxford, UK: Blackwell Publishing.

R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.

[1] MSc. Javier Brolo (jbrolo@asies.org.gt) es investigador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES. Obtuvo un MSc en Ciencia Política con honores de la Universidad de Essex, Reino Unido, gracias a la beca Chevenig. Sus intereses incluyen la formalización de modelos teóricos sobre el fortalecimiento de instituciones y su verificación utilizando métodos cuantificables.

[2] Las listas de diputados muestran la bancada a la que pertenecía cada diputado en su votación más reciente.

El poder de un refrán

Gran parte de la sabiduría de una comunidad se cristaliza en sus refranes; pequeñas reglas de oro condensadas en una frase lírica que es fácil de recordar por su carácter gráfico. Por medio de refranes es posible transmitir lecciones de vida de generación en generación ya que detrás de cada dicho hay significados profundos e interpretaciones sobre el orden en el mundo: “más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

El arte de un refrán radica en su capacidad para hacer que quién la escucha de sentido una idea compleja por medio de una imagen sencilla: “las paredes tienen oídos”. Por ello, para explicar ideas complejas, como una política pública que busque resolver una problemática social, los refranes son excelentes recursos para ayudar a la audiencia a entenderla. De dicha cuenta que agradezco a una amiga quién recientemente me compartió un listado de refranes guatemaltecos que espero puedan ayudarme a ser menos enredado al dar explicaciones.

La sabiduría manifestada en los refranes es producto de la evolución y adaptación que permite la supervivencia de la especie: “el que no oye consejo, no llega a viejo”. Sin embargo, los refranes también pueden perpetuar actitudes sociales autodestructivas.

De hecho, algunos de los refranes guatemaltecos sugieren justificaciones para la exclusión social y el endurecimiento de estereotipos. El mundo es cada vez más interdependiente, y se necesita amplia colaboración para resolver problemas como reducir la desigualdad, proteger el medio ambiente, innovación tecnológica, e incluso la inseguridad. La exclusión y los estereotipos son perjudiciales porque la soluciones a problemas complejos puede venir de cualquiera y necesitan de todos.

Estos son algunos de los refranes que preocuparía que la mayoría de personas considerara ciertos la mayoría de las veces:

  • “Dios sabe por qué tiene a los sapos bajo las piedras”
  • “No se hizo la miel para el pico del zope”
  • “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”
  • “Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza”
  • “¿Qué puede dar la encina sino bellotas?”
  • “No hay que pedir peras al olmo”
  • “La cabra siempre tira al monte”
  • “Por la pluma se conoce al pájaro”
  • “El que es perico, donde quiera es verde”
  • “Hijo de loba, lobo será”
  • “De tal palo tal astilla”
  • “¿De dónde viene la canela para que no huela?”
  • “De casta le viene al galgo ser correlón”
  • “Genio y figura hasta la sepultura”
  • “Gallina que come huevo, ni aunque le quemen el pico”
  • “Casar y compadrar, cada cual con su igual”
  • “A tus pasteles, pastelero”
  • “Lo que se ha de comer el moro, que se lo coma el cristiano”
  • “Quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro”
  • “El que da de lo que tiene, hace más de lo que puede”

Por supuesto, para cada refrán hay un contra refrán. Sin embargo, mi reflexión es que la prevalencia de los refranes en esta lista dificulta la colaboración y la reconciliación. Me parece sumamente cruel condenar a las personas a una condición negativa determinada sin posibilidades de aprender a superar sus limitaciones y por ende a quien se justifica excluir; peor aún, creer ser inmune a poseer esa condición. Ojalá nos diéramos la oportunidad de sorprendernos más seguido y ver que “las orugas no nacen volando”.

Gobierno vs. Sistema de Justicia: racionalizando el duelo

Parafraseando a Box (1976), “todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles”; es así dado que los modelos simplifican la realidad lo que requiere dejar fuera consideraciones potencialmente importantes. Justamente el modelo propuesto por Helmke y Staton (2013) puede ser útil para entender el conflicto entre el Gobierno y el Sistema de Justicia. El primero busca implementar una agenda mientras que el segundo mantener su posición y legitimidad. De acuerdo a las expectativas teóricas, ciertos diseños institucionales son proclives a intensificar el conflicto entre los poderes del Estado.

En el modelo hay cuatro actores: el Gobierno, las Cortes, los litigantes y la opinión pública. Como primero paso, el Gobierno intenta implementar una de las políticas contenidas en su agenda. Dicha política impone costos a litigantes que deben solicitar a las cortes su revocación. Las cortes, a su vez, deben decidir si la política del Gobierno debe o no proceder. Según el resultado, el Gobierno puede responder presionando la salida de integrantes de las cortes. Las acciones del Gobierno luego repercuten en el nivel apoyo en la opinión pública. Finalmente, el ciclo inicia de nuevo.

Generalmente, el Gobierno no puede implementar su política ideal, si no la más cercana posible. Para ello incurre en los costos de llevarla a la práctica; además, puede potencialmente sufrir costos adicionales si la política es revocada por las Cortes, si presiona por la salida de las Cortes y si la opinión pública no le es favorable. Los litigantes a quienes la política gubernamental impone un costo se benefician de su rechazo. Por su lado, las Cortes se benefician de mantener su puesto y prestigio. Las Cortes pueden ser de tres tipos: a favor del Gobierno, limitadas, o expansivas. Aquellas a favor del Gobierno no incurren en costos si se implementa la política en juego, mientras que las limitadas y expansivas sí incurren en costos. Las diferencia entre los dos últimos tipos de Cortes es su disposición a arriesgar el beneficio del puesto y prestigio para evitar los costos de implementar la política del Gobierno. Esta dinámica sucede bajo incertidumbre dado que no se conoce con certeza el tipo de Corte y la reacción de la opinión pública.

Dado este escenario, Helmke y Staton (2013) demuestran que existe un equilibrio cuando cada actor usa las siguientes estrategias. El Gobierno busca implementar su política y ataca a las Cortes si es rechazada. El primer litigante solicita la revocación de la política. El segundo litigante usa información del ciclo anterior; solicita la revocación de una segunda política si la Corte rechazó la política anterior y sobrevivió, de lo contrario no solicita revocación. Una Corte a favor del Gobierno o limitada no rechaza ninguna de las políticas, mientras que una Corte expansiva rechaza todas las políticas (sobre el tema disputado). La lógica de este equilibrio radica en que aquel actor que actuase de otra forma incurriría en costos adicionales.

Este modelo identifica dos condiciones (inciertas) para conflicto institucional: (1) la probabilidad que las Cortes sean de tipo expansivo, y (2) la probabilidad del rechazo público. Mientras más alta se la probabilidad que las Cortes son expansivas, es decir que estén en contra de la política del Gobierno y dispuestas a arriesgar el puesto y prestigio, menos probabilidad de rechazo público es necesario para el conflicto institucional. De igual manera a la inversa, mientras más alta la probabilidad de un rechazo público, se requiere menos probabilidad de que las Cortes sean expansivas para que suceda conflicto. Claro, si ambas condiciones se cumplen con alta probabilidad, el conflicto es inminente y el Gobierno buscaría presionar por la salida de las cortes desde un principio o no implementar su agenda. También, si las Cortes son partidarias, ningún nivel de rechazo público sería suficiente para un conflicto institucional originado sobre políticas.

La consecuencia de este modelo es que las Cortes se encuentran entre el dilema de ser pasivos o ser agresivos. En el primer caso se arriesga perder relevancia y legitimidad, en el segundo, perder el puesto y la capacidad de influir.

Normalmente se considera que aumentar los plazos de jueces, su ámbito de acción y salarios es suficiente para garantizarles independencia de la necesidad de apoyo partidario. Sin embargo, estas medidas pueden también tener efectos contraproducentes. Por un lado, incrementan el valor del puesto, incentivando la complacencia para mantenerlo. Por el otro, incrementan el valor de influencia, incentivando el rechazo de políticas aún con poco apoyo de la opinión pública.

Una alternativa es incrementar los costos al Gobierno para remover cargos. Por ejemplo, tener que negociarlos con minorías en las comisiones de postulación, o Congreso. Sin embargo, esto puede ser utilizado por una oposición política para impedir la implementación de políticas, paralizando al Gobierno.

Este modelo parece encajar con la situación actual de Guatemala. Políticamente, los sistemas de justicia permiten hacer creíble el compromiso del Gobierno a no extralimitarse en sus funciones. De igual manera que un Banco Central hace creíble que el Gobierno no utilizará la política monetaria para fines de campaña. Sin embargo, también son utilizados como salvaguarda para evitar extralimitaciones de futuros gobiernos en caso de perder apoyo electoral. Los bajos costos para incidir indirectamente en la permanencia de las Cortes genera incentivos para hacerlo aún si existen altas probabilidades de un rechazo público. De esa manera también se reducen los incentivos para que litigantes soliciten rechazo a políticas. En estas condiciones es enormemente difícil construir la legitimidad del Sistema de Justicia y sin ella es enormemente costoso implementar un Estado de Derecho sobre las leyes informales.

 

Referencias

George E. P. Box (1976) Science and Statistics Journal of the American Statistical Association, Vol. 71, No. 356. (Dec., 1976), pp. 791-799.

Helmke, G., and J. K. Staton (2011). “The Puzzling Judicial Politics of Latin America: A Theory of Litigation, Judicial Decisions, and Interbranch Conflict.” In G. Helmke and J. Ríos- Figueroa (eds.), Courts in Latin America, pp. 306-31. New York: Cambridge University Press.

¿Qué es la opinión pública?

¿La opinión pública es lo que todos dicen o solo la gente que importa? Esta fue la primera pregunta a discutir del curso “Análisis de la Opinión Pública”.

Las dos posiciones son expuestas por Blummer (1948) y Converse (1987). El primero argumenta que “realísticamente, la opinión pública consiste en los patrones de puntos de vista y posiciones sobre un tema que son consideradas por los individuos responsables de dar respuesta a la opinión pública”. El segundo que “la opinión pública es lo que las encuestas de opinión intentan medir” (una persona, un voto).

Entre estas posiciones favorezco la propuesta de Blumer: la “opinión pública” es la “diversidad de puntos de vista” que importan a una acción política. Sin embargo, estoy de acuerdo con Converse respecto a la importancia que las mediciones que las encuestas hacen han ganado una posición importante entre la diversidad de puntos de vista.

A pesar del realismo de Blumer, considero que las encuestas de opinión (y otras formas de medir el punto de vista de una población) no son irrelevantes. Estas dan una voz a quienes no son escuchados ni tienen la capacidad de ejercer influencia por si mismos. Las encuestas están fundamentadas en el principio democrático de igualdad, y creo en su capacidad para cuestionar o apoyar la legitimidad de una acción política determinada.

Referencias:

Converse, Philip, 1987. “Changing conceptions of public opinion in the political process”. Public Opinion Quarterly, 50th Anniversary Supplement, 51: s12-s24.

Blumer, Herbert, 1948. “Public opinion and public opinion polling”. American Sociological Review, 13: 542-54.

¿Cómo elegir a las autoridades más capaces e idóneas?

En esta entrada comparto una propuesta que elaboramos para reformar la Ley de Comisiones de Postulación en Guatemala.

La importancia de dicha ley es que indica cómo se eligen a las autoridades de la mayoría de instituciones del sistema de justicia: (1) Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; (2) Magistrados de las Salas de Apelaciones, (3) Fiscal General del Ministerio Público, (4) Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, (5) Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre otros. De esta ley depende que las instituciones cuenten con una dirigencia capaz e idónea.

La ley actual surgió en un momento de gran tensión política. Un video donde el abogado Rodrigo Rosenberg responsabilizaba de su muerte anticipada al entonces presidente Álvaro Colom desencadenó expresiones masivas de descontento con el sistema de justicia. La Ley de Comisiones de Postulación ofrecía una oportunidad para recobrar confianza en el sistema de justicia.

Sin embargo, su implementación ha enfrentado desafíos. Es positivo que la Ley ha hecho más transparente los procesos de selección de autoridades. El problema es que no se previeron aspectos logísticos de su implementación. Adicionalmente, la votación final ha sido altamente cuestionada debido a la influencia de intereses oscuros que buscan controlar el sistema de justicia para mantener impunidad.

Dicha influencia se debe en gran parte al que la decisión final se realiza por medio de una mayoría calificada. Es decir, dos tercios de los integrantes de la comisión deben ponerse de acuerdo en los candidatos que se propondrán para dirigir una institución. Bajo este sistema, no importan las apreciaciones de los integrantes de la comisión sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos. Lo que importa es votar por los candidatos que tengan posibilidad de obtener una mayoría calificada.

En consecuencia, es fácil para los intereses oscuros cooptar el proceso. Lo único que debe hacerse es condicionar las decisiones de un número suficiente de integrantes de la comisión para que el candidato deseado sea la única opción capaz de conseguir la mayoría. Esto lleva a un proceso que debería ser técnico, a uno altamente politizado y polarizado. Se fuerza a los integrantes de la comisión a elegir entre el candidato “malo” y el “menos malo”.

Finalmente, el candidato designado enfrenta dificultades para ejercer el cargo que asume ya que enfrenta la oposición férrea de una minoría suficientemente grande para entorpecer la realización de sus funciones.

La propuesta que comparto tiene dos secciones. Primero, atiende tres aspectos logísticos para facilitar el funcionamiento de las comisiones: (a) transparentar los financistas de quienes integran la comisión, (b) asignar recursos de funcionamiento a la comisión, y (c) dar un plazo suficientemente amplio para el proceso. Segundo, recomienda utilizar el Recuento de Borda (votación por consenso) para calificar a los candidatos e integrar la lista de candidatos elegibles.

En esencia, el Recuento de Borda es una lista de preferencias donde cada candidato obtiene puntos según el puesto que ocupa en dicha lista. La primera gran ventaja es que vincula los criterios de selección directamente con la votación. Pero la segunda y más importante es que reduce drásticamente la influencia de intereses oscuros. A diferencia de la mayoría calificada, donde solo tiene sentido votar por los candidatos que tienen posibilidad de conseguir una mayoría, en el Recuento de Borda cada integrante es libre, y responsable, de listar sus preferencias.

Esperamos que la propuesta despierte interés ya que consideramos soluciona los principales desafíos de la Ley actual. Para comprender mejor el Recuento de Borda sería necesario hacer un ejercicio práctico (ver siguiente post próximamente).

Municipalidades en la mira

El Ministerio Público cuestiona el manejo de las finanzas públicas de varios alcaldes, responsabilidad edil que afecta directamente los servicios municipales. Sin embargo, se necesita aún más para combatir las prácticas antidemocráticas generalizadas hoy en la política local.

El cacicazgo es un efecto de la falta de democracia en casi todas las municipalidades. Elección tras elección, alrededor del 30 por ciento de alcaldes es reelecto, la mitad de ellos sin tener organización partidaria legal vigente en el municipio. Algunos, saltando de partido en partido, han logrado perpetuarse durante cinco periodos, tal como Arnoldo Medrano, Marco Meda, Abel Sandoval, Tito Vásquez, Fredy López y Álvaro Morales.

El problema no radica únicamente en la falta de relevo de liderazgos, sino también en la forma de mantener el poder. Investigaciones denuncian prácticas como acarreo de votantes, uso de recursos públicos en campaña, ofrecimiento de contratos y plazas a cambio de financiamiento, hasta intimidación. Es decir, se hace lo necesario para asegurar acceso continuo al erario de la comuna.

En estas circunstancias es difícil mejorar las condiciones de vida de la población, porque para ello se necesitan proyectos políticos de largo plazo. Un municipio por sí mismo no puede superar los desafíos para dar servicios de agua, salud, educación, infraestructura y mejor convivencia. Se necesitan liderazgos capaces de integrar los esfuerzos de varias localidades y equipos técnicos, dedicados a buscar soluciones fundamentadas. Por el contrario, el personalismo inhibe la institucionalización de la política.

También es difícil exigir el cumplimiento de la ley, dado que amparados en la autonomía y voto ciudadano, los jefes ediles se arrogan legitimidad al estilo “cosa nostra”. Para blindarse de la justicia, basta con cumplir procedimientos formales y hacerse de clientes poderosos que protejan con silencio su complicidad. El desempeño edil no parece medirse con resultados, sino con la capacidad de imponerse sobre los demás.

El problema de las municipalidades es político: falta democracia. Es necesario promover y defender la participación de los ciudadanos comprometidos. Esto inicia con una organización partidaria donde los ciudadanos sean quienes decidan libremente sobre sus autoridades, candidatos y propuestas. Pero, ¿quieren los partidos organización? Tema indispensable a discutir en foro público de Asíes el miércoles 3 de julio a las 9:00 horas.

Publicado en el Periódico el miércoles 26 de junio de 2013 (http://elperiodico.com.gt/es/20130626/opinion/230184/)

Ambición preelectoral

En Guatemala, “tener poder” parece ser más importante que saber para qué usarlo. Ganar las elecciones a toda costa se ha convertido en el principal objetivo político de muchos, aunque implique “venderle el alma al diablo”, aunque se carezca de capacidad para gobernar, o aunque solo represente un interés personal. En estas condiciones, la política pierde de vista su responsabilidad: facilitar la toma de decisiones que beneficien a la sociedad.

La ambición ha hecho que los políticos renuncien a las demandas ciudadanas y se sometan a la oscura voluntad de sus financistas. No hay contrapeso que resista la presión para regalar contratos, puestos y privilegios a cambio de los más de 60 mil millones de quetzales invertidos en campaña; un gasto ostentoso que aumenta con cada elección. Aún peor es escuchar se recurra a otras formas de intimidación. A cambio de dinero para ganar una elección se ha silenciado la voz de los ciudadanos.

La ambición ha promovido figuras públicas, pero ha descuidado la planificación y preparación de cuadros. Un gobierno estable y efectivo requiere de objetivos claros, estrategias concretas y personas con capacidad de ejecutarlos. Sin embargo, la campaña solo necesita promesas.

La ambición ha dificultado que la sociedad trabaje en conjunto. En cada elección, más de una docena de candidatos compiten por la presidencia. Empero, sus diferencias programáticas son mínimas, prevalecen las descalificaciones personales y la lucha oportunista por protagonismo. Colaborar, lograr acuerdos o unir esfuerzos dejan de ser una opción para evitar beneficiar al rival o moderar las posiciones propias.

La ambición por ganar las elecciones a toda costa parece dominar la dinámica política en Guatemala. Es quizás la principal causa del deterioro que observamos en la toma de decisiones: arbitrariedad, corrupción y estancamiento. No obstante, mejorar necesitará más que voluntad política.

En primer lugar, el origen de todos los fondos usados por un partido político debe ser público, sin excepción ni excusa. Esto incluye publicidad proselitista o de campaña además de gastos de organización y formación.  Incluso, el simple hecho de resistirse a implementar esta disposición es motivo de desconfianza.

Pero las preferencias de la ciudadanía expresadas en el voto son realmente el componente determinante. ¿Se continuará premiando la ambición desmedida?

(Artículo publicado en Prensa Libre el domingo 21 de abril de 2013)